SAN JUAN, Puerto Rico— Grupos conservacionistas y comunitarios han ganado una batalla legal contra los planes federales de gastar miles de millones de dólares procedentes de fondos post-desastre en la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico para devolverla a su status quo de red centralizada y dependiente de los combustibles fósiles en lugar de invertir dichos fondos en energías renovables distribuidas.

La sentencia dictada el 2 de octubre por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico sostiene que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) incumplió la Ley Nacional de Política Ambiental al no contemplar la energía solar en tejados, el almacenamiento y otras formas de energía renovable distribuida como fuentes de suministro eléctrico alternativa para comunidades en riesgo debido a la destrucción por huracanes de la red eléctrica de Puerto Rico. La sentencia ordena que FEMA prepare una declaración de impacto ambiental que analice la energía renovable distribuida como alternativa a los combustibles fósiles.

La nueva sentencia determinó que «la mayoría de los puertorriqueños dependen de una infraestructura eléctrica que se basa principalmente en combustibles fósiles», lo que, según concluyó el tribunal, «ha demostrado ser inadecuada, poco fiable y extremadamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos, cuyos efectos serán más graves en el futuro debido al cambio climático».

La sentencia continúa señalando que «si los fondos de FEMA siguen destinándose a infraestructuras basadas en combustibles fósiles, es poco probable que Puerto Rico disponga de los recursos necesarios para apostar por alternativas de energía renovable en un futuro próximo», y explica que «el historial demuestra claramente que las alternativas de energía renovable eran razonables y viables».

«Esta decisión rompe con la idea errónea de que solo hay una forma de transformar el sistema eléctrico y, por el contrario, reconoce que la alternativa que hemos promovido durante años —un sistema renovable y distribuido— es viable y debe tenerse seriamente en cuenta a la hora de asignar fondos públicos», afirmó Federico Cintrón Moscoso, director del programa de El Puente de Williamsburg y de Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas. «El hecho de que FEMA no tuviera en cuenta la alternativa solar infringió la ley y allanó el camino para la reconstrucción del mismo sistema obsoleto basado en combustibles fósiles que nos llevó a esta crisis en primer lugar. Por lo tanto, esta decisión reconoce nuestro derecho a un sistema energético accesible y limpio, tal y como estipulan nuestras leyes locales y nuestras aspiraciones colectivas. También reconoce que no podemos aspirar a transformar nuestro sistema eléctrico a expensas de nuestra salud y la del medio ambiente. Las cuestiones energéticas deben abordarse de manera justa, ya que no son ajenas al bienestar de las personas ni del planeta».

«Los fondos para la recuperación tras el desastre representan una oportunidad única para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico con el fin de servir al interés público y garantizar que miles de personas no mueran principalmente por falta de acceso a la electricidad, como ocurrió tras el huracán María», señaló Ruth Santiago, abogada especializada en asuntos comunitarios y medioambientales.

«La decisión del juez García supone un hito importante en el esfuerzo por modernizar y mejorar la red eléctrica. Esta sentencia vuelve a poner la atención no solo en los aspectos técnicos de reconstruir la red, sino también en las implicaciones de la reconstrucción sobre el medio ambiente, las fuentes de energía y la participación de la comunidad», indicó Lydia M. Díaz Rodríguez, Presidenta de Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida (YUCAE). «La orden de realizar una declaración de impacto ambiental exhaustiva es esencial para la transición hacia fuentes de energía más limpias y la integración de soluciones sostenibles en el nuevo diseño de la red. La sentencia también hace hincapié en la importancia de tener en cuenta la perspectiva de la comunidad, lo que ayudará a garantizar que la red reconstruida refleje las necesidades y los valores de aquellos a quienes sirve. Al tener en cuenta el cambio climático, el proyecto creará una red energética que no solo sea fiable, sino también sostenible y resistente ante retos futuros».

«Esta determinación del tribunal es importantísima para nuestro país. Primero, reconoce la razonabilidad de requerir de FEMA opciones energéticas para Puerto Rico que no representen únicamente reconstruir el mismo sistema centralizado y basado en la quema de combustibles fósiles. Segundo, esta decisión debe servir de ejemplo a los tribunales y a las agencias de gobierno local, para considerar como razonables, esas mismas opciones que se les requiere a FEMA. Hemos estado diciendo desde hace años que la opción de ubicar placas en los techos y tener un sistema descentralizado es viable, científicamente probado, y es una acción que protege terrenos agrícolas que están siendo sacrificados para ubicar proyectos energéticos que estarían conectados a la red central. Esta decisión nos da esperanza de un futuro mejor», señaló Carlos Alfredo Vivoni de Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas.

«Esta es una gran victoria para las comunidades puertorriqueñas que durante mucho tiempo han sufrido una red eléctrica inestable y contaminante y desean contar con energía solar en los tejados que sea fiable y respetuosa con el clima», expresó Howard Crystal, director legal del programa de justicia energética del Centro para la Diversidad Biológica. «El tribunal consideró que no tiene sentido que FEMA gaste miles de millones en mantener una red centralizada basada en combustibles fósiles que falla constantemente en lugar de ayudar a las comunidades a construir sistemas energéticos resilientes, renovables y rentables. Esperamos con interés una nueva revisión de FEMA que incorpore estas alternativas».

La sentencia se produce después de que el huracán Erin azotara el archipiélago en agosto de 2025 y dejara a miles de puertorriqueños sin electricidad una vez más. A principios de este año, los cortes crónicos en el suministro eléctrico obligaron al gobernador de Puerto Rico a comprometerse a mejorar la red de combustibles fósiles.

Este caso está relacionado con el uso de fondos de ayuda para desastres del huracán María de 2017 por parte de FEMA, que prevé invertir al menos $12 mil millones de dólares en proyectos que condenan a los puertorriqueños a décadas de dependencia de los combustibles fósiles. Los proyectos de FEMA entran en conflicto con la ley de Puerto Rico de 2019, que establece el objetivo de alcanzar el 100 % de energía a partir de fuentes renovables para 2050, y con el propio plan energético de los puertorriqueños centrado en la energía solar y los sistemas locales de almacenamiento. Un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos de 2023 reveló que Puerto Rico tenía un potencial de energía renovable más que suficiente para satisfacer sus necesidades eléctricas.

El presidente Donald Trump ha iniciado una guerra ideológica contra las energías limpias como la solar y el almacenamiento en baterías. También ha recortado drásticamente los fondos de FEMA destinados a desastres. Este caso implica el uso de fondos que el Congreso ya había asignado a Puerto Rico tras el paso del huracán María.

La demanda fue presentada por el Centro para la Diversidad Biológica y ocho grupos comuntarios de Puerto Rico: Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste, Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, Comité Dialogo Ambiental, Comité Yabucoeno Pro-Calidad de Vida, El Puente de Williamsburg y Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas.